Leonardo Boff
Teólogo, filósofo y escritor
Adital
19/05/2013

Las constituciones modernas se fundan sobre el contrato social de cuño antropocéntrico. No incluyen el contrato natural que es el acuerdo y la reciprocidad que deben existir entre los seres humanos y la Tierra viva que nos da todo y a la que nosotros en retribución cuidamos y preservamos. En razón de eso sería natural reconocer que ella y los seres que la componen son portadores de derechos. Los contractualistas clásicos como Kant y Hobbes restringían, sin embargo, la ética y el derecho solo a las relaciones entre los humanos. Solamente se admitían obligaciones humanas para con los demás seres, especialmente los animales, en el sentido de no destruirlos o someterlos a sufrimientos y crueldades innecesarias.

No considerar que cada ser posee un valor intrínseco, independiente de su uso humano, uso racional, y que es portador del derecho de existir dentro del mismo hábitat común, el planeta Tierra, abrió el camino a que la naturaleza fuese tratada como mero objeto a ser explotado sin ninguna otra consideración, en algunos casos hasta su agotamiento. Sin embargo, cupo a América Latina, como lo mostró un notable criminalista y juez de la corte suprema de la Argentina, Eugenio Raúl Zaffaroni (La Pachamama y el Humano, Ediciones Colihue 2012) desarrollar un pensamiento constitucionalista de naturaleza ecológica en el cual la Tierra y todos los seres de la naturaleza, particularmente los vivos y los animales son titulares de derechos. Estos deben ser incluidos en las constituciones modernas que han abandonado el arraigado antropocentrismo y el paradigma del dominus, del ser humano como señor y dominador de la naturaleza y de la Tierra.

Los nuevos constitucionalistas latinoamericanos unen dos corrientes: una de ellas, la más ancestral, la de los pueblos originarios, para los cuales la Tierra (Pacha) es madre (Mama),de ahí el nombre de Pachamama, y titular de derechos porque está viva y nos da todo lo que necesitamos y, finalmente, porque somos parte de ella y pertenecemos a ella, así como los animales, los bosques, las selvas, las aguas, las montañas y los paisajes. Todos merecen existir y convivir con nosotros formando la gran democracia comunitaria y cósmica.

Ensamblan esta tradición ancestral, eficaz, de la cultura andina, que va de la Patagonia a América Central, a la nueva comprensión derivada de la cosmología contemporánea, de la biología genética y molecular, de la teoría de los sistemas, que entiende la Tierra como un super-organismo vivo que se auto-regula (autopoiesis de Maturana-Varela y Capra) con vistas a mantener siempre la vida y la capacidad de reproducirla y hacerla coevolucionar. Esta Tierra, denominada Gaia, engloba a todos los seres y genera y sustenta la tela de la vida en su inconmensurable biodiversidad. Ella, como Madre generosa, debe ser respetada, reconocida en sus virtualidades y en sus límites y por eso acogida como sujeto de derechos -la dignitas Terrae- base para posibilitar y sustentar todos los demás derechos personales y sociales.

Dos países latinoamericanos, Ecuador y Bolivia, han fundado un verdadero constitucionalismo ecológico; en eso están por delante de cualquier otro país “desarrollado”.

La Constitución de Montecristi de la República de Ecuador de 2008 dice explícitamente en su preámbulo: “Celebramos la naturaleza, la Pacha Mama, de la cual somos parte y que es vital para nuestra existencia”. Enseguida enfatiza que la República se propone construir “una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y en armonía con la naturaleza, para alcanzar el bien vivir, o sumac kawsay (el vivir pleno). En el artículo 71º del capítulo VII dispone: ”la naturaleza o la Pachamama, donde se reproduce y se realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia, el mantenimiento) y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos; toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir de la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza… el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema”.

Son conmovedoras las palabras del preámbulo de la Constitución Política del Estado boliviano, aprobada en 2009: “Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia”. El artículo 33º prescribe: “las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y a las colectividades de las presentes y futuras generaciones, incluidos otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente”. El articulo 34º dispone: “cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada a ejercer acciones legales en defensa del medio ambiente”.

Aquí tenemos un verdadero constitucionalismo ecológico que ha ganado cuerpo y letra en las respectivas Constituciones. Tales visiones son anticipatorias de lo que deberá ser en todas las constituciones futuras de la humanidad. Solo con tal mente y disposición garantizaremos un destino feliz en este planeta.

http://129.171.91.238/tribpdf/BOLETIN05/alexsa0T/46L0008T.pdf

 
 
El artículo 1 (literal “a”) del Decreto del Tribunal Electoral N° 20 de 23 de junio del 2003, dice lo siguiente:
 
Artículo 1. Queda prohibida la utilización de los recursos del Estado, para hacer campaña a favor o en contra de partidos o candidatos.
Constituyen recursos del Estado, entre otros:
 
a) Bienes tales como automóviles, embarcaciones, aeronaves, imprentas computadoras, fotocopiadoras faxes, teléfonos, equipos y materiales  locales, oficinas públicas y otros bienes, sean éstos propiedad del Estado o alquilados por éste.
 
Como podemos notar el artículo 1 de dicho Decreto del Tribunal Electoral es muy categórico al ratificar que está prohibido el uso de los recursos del Estado para hacer campaña a favor o en contra de los partidos o candidatos.  Y el literal “a” de dicho artículo, al definir los bienes del Estado lo amplía a un sentido amplio y abarcador, cuando señala a “otros bienes” sean estos “propiedad del Estado o alquilados por éste”.  Ello significa que el sentido del bien es tan amplio que bien se puede aplicar a los bienes que se han inaugurado o se inaugurarán.
 
El mismo Decreto del Tribunal Electoral  N° 20 de 23 de junio del 2003
(Publicado en el Boletín del Tribunal Electoral N° 1,668 de 24 de junio de 2003), en su artículo 3 dice lo siguiente:
 
Artículo 3: Fuera de su horario de servicio, todo funcionario público es libre de hacer, campaña a favor o en contra de los partidos o candidatos siempre que no sea con ocasión de la inauguración de obras públicas ni en actos de carácter oficial, aunque sean velados los  medios empleados a tal fin. (El subrayado es nuestro)
 
Cuando analizamos el artículo podemos notar que al principio dicta una disposición general y lógica en cuanto a que, fuera del horario de servicio los funcionarios públicos pueden hacer campaña política de forma amplia, pero el artículo fija y establece una excepción cuando dice que ese derecho queda inhabilitado o no procede cuando se trate de inauguraciones de obras públicas o en actos de carácter oficial, aunque sean velados los medios empleados para tal fin.  Al hacer un detenido análisis de la norma, concluimos en los siguientes aspectos:
 
1.    Que el artículo 3 del Decreto del Tribunal Electoral  N° 20 de 23 de junio del 2003, prohíbe y/o no permite que las inauguraciones de las obras públicas, sean utilizadas para actos de proselitismo político. Esto está muy claro en la aludida normativa.
 
2.     Que el artículo 3 del Decreto del Tribunal Electoral  N° 20 de 23 de junio del 2003, prohíbe y/o no permite que cualquier acto de carácter oficial sea utilizado para hacer proselitismo político, aunque sean velados los medios que se utilicen. La redacción de la norma, no deja lugar a dudas que ningún acto oficial, debe ser empleado para promoción política, aunque se haga de forma indirecta, sesgada o disimulada, ello no es permitido por la disposición antes citada
 
Sin embargo, como para que no tengamos duda alguna en cuanto a saber hasta dónde alcanza o se extiende la prohibición, creemos conveniente analizar el artículo 4 del Decreto del Tribunal Electoral  N° 20 de 23 de junio del 2003 (Publicado en el Boletín del Tribunal Electoral N° 1,668 de 24 de junio de 2003), que dice categóricamente lo siguiente:
 
Artículo 4. Los funcionarios públicos que han accedido a su posición por mandato popular, tienen plena libertad de activarse a favor o en contra de los partidos o candidatos a cualquier hora siempre que no sea durante la inauguración de obras públicas y demás actos de carácter oficial aunque sean velados los  medios empleados a tal fin.
 
Un rápido análisis sobre el antes citado artículo 4 del Decreto del Tribunal Electoral N° 20 de 23 de junio del 2003, nos lleva a la siguiente conclusión:
 
1.    Que el artículo 4 del Decreto del Tribunal Electoral  N° 20 de 23 de junio del 2003, permite a los funcionarios públicos que han accedido a su posición por mandato popular, tener plena libertad de activarse  a favor o en contra de los candidatos o partidos  a  cualquier hora, hecho que constituye el principio general.
 
2.    Sin embargo – y esto es importante – el artículo 4 del Decreto del Tribunal Electoral  N° 20 de 23 de junio del 2003, prohíbe y/o no permite que los funcionarios públicos que han accedido a su posición por mandato popular,  hagan proselitismo político en durante la inauguración de obras públicas y demás actos de carácter oficial, aunque sean velados los  medios empleados a tal fin.
 
3.    Que el artículo siguiente (nos referimos al artículo 5) del mismo Decreto del Tribunal Electoral N° 20 de 23 de junio del 2003, define a los funcionarios públicos que han accedido a su posición por mandato popular y nos explica que son el Presidente y Vicepresidente de la República, los Diputados, los Diputados al PARLACEN, los Alcaldes, los Representantes de Corregimientos y los Concejales.
 
4.    Que tal disposición nos indica que ninguna de las autoridades elegidas deben hacer proselitismo político durante la inauguración de las obras del Estado.  Eso nos indica que llevar a una inauguración a un candidato determinado, en detrimento de los otros o invitar a los demás candidatos a las inauguraciones de las obras del Estado es violatorio de la Constitución, de la ley electoral y del artículo 4 – en concordancia con también con el artículo 5 – del Decreto del Tribunal Electoral  N° 20 de 23 de junio del 2003
 
Por consiguiente el sentido, alcance y claros conceptos regulados en el Decreto del Tribunal Electoral N° 20 de 23 de junio del 2003 (Publicado en el Boletín del Tribunal Electoral N° 1,668 de 24 de junio de 2003), nos conducen a la indubitable conclusión que en las inauguraciones de las obras públicas no debe estar ningún candidato a cargo de elección popular y quien lo haga se arriesga a ser sancionado conforme lo determina el artículo 392 del Código Penal con las penas a las que hemos hecho referencia anteriormente
 
Por tanto, a nuestro juicio tampoco es procedente  y es contrario a derecho que el Presidente de la República curse invitaciones a los demás candidatos  para que participen en las inauguraciones de obras del Estado porque eso constituiría una múltiple y flagrante violación a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto del Tribunal Electoral  N° 20 de 23 de junio del 2003.
 
Todavía como para que no quedara ninguna duda, el tantas veces mencionado Decreto del Tribunal Electoral, advierte en su artículo  7 que las personas que violen las prohibiciones contenidas en dicho Decreto serán sancionadas penalmente conforme lo determina el numeral 6 del artículo 392 del Código Electoral, tal como lo habíamos explicado anteriormente. (En el 2003, tenía una numeración diferente, pero es el mismo artículo) 
 
Además de las consideraciones y amplios fundamentos jurídicos que hemos expuesto, debemos recordar el precedente general ocurrido en marzo de 1968, cuando la Asamblea Nacional realizó un juicio político contra el entonces Presidente de la República Marco A. Robles – hecho improbable en estos momentos por la situación de la mayoría parlamentaria – acusándolo por el uso de los bienes del Estado a favor del candidato oficialista a la Presidencia de la República, Ingeniero David Samudio Ávila.  En esos años, no existía un delito que abarcara a la persona, hecho que, de haber estado establecido, hubiese existido la posibilidad de una inhabilitación del ingeniero David Samudio, como candidato a la Presidencia de la República. Sobre dicho proceso, su génesis e historia, nos referimos en nuestra obra “La Representación Política, Partidos Políticos y Sistema Electoral”, Editorial Complutense, Madrid, España, 2001, así también lo hizo magistralmente el desaparecido profesor Humberto E. Ricord, en su obra “Los Clanes de la Oligarquía Panameña y el Golpe Militar de 1968” y la Magíster Xenia Solís en su tesis de grado “El Presidencialismo en Panamá, una visión crítica”, Universidad de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencia Política, 2001.
 
En materia electoral y después de la invasión militar de Estados Unidos en Panamá, existe un importante precedente ocurrido en 1993.  Nos referimos al de la condena por delito penal/electoral que dictó el Tribunal Electoral contra la entonces Alcaldesa del Distrito de Panamá, Mayín Correa, basados en este mismo tipo de delito, es decir el uso de los recursos del Estado, en su caso, para favorecer a un partido político en formación que se llamaba “Alianza Popular”.  La condena quedó en firme y ejecutoriada y previamente, durante el proceso, la señora Correa, fue suspendida del cargo de Alcaldesa del Distrito de Panamá. Posteriormente fue condenada.  Tal situación le impidió posteriormente (inhabilitación de funciones públicas) ocupar por algún tiempo, el cargo de Alcaldesa del Distrito de Panamá.   El caso de la señora Mayín Correa fue y es el único precedente de suspensión  y condena de un alto funcionario público por delitos penales electorales por el uso indebido de los recursos del Estado, puesto que los del municipio también se consideran recursos del Estado. Ello nos indica y nos da un aviso de que un caso similar podría ocurrir, contra cualquier persona, si se dieran las condiciones jurídicas para una causa penal. Este precedente, del que guardo el expediente entre mis archivos, lo conozco muy bien porque fui el entonces abogado querellante contra la señora Mayín Correa, quien logré su condena penal electoral. El Magistrado Ponente del caso en el Tribunal Electoral, lo fue Guillermo Marquez Amado.
 
Hechas estas explicaciones y consideraciones, podemos expresar que los servidores públicos, candidatos, partidos constituidos y en formación y, todas las personas, deben saber y ser conscientes que utilizar los recursos del Estado para hacer proselitismo político a favor o en contra de un candidato o partido constituido o en formación, está prohibido en la propia Constitución Política de Panamá y está penado en el Código Electoral panameño y en disposiciones que rigen las materia.  Existen, asimismo, puntuales disposiciones restrictivas sobre las inauguraciones de obras del Estado, contenidas en los artículos 1 (literal “a”), 3 y 4 del Decreto del Tribunal Electoral N° 20 de 23 de junio del 2003 (Publicado en el Boletín del Tribunal Electoral N° 1,668 del martes 24 de junio de 2003).  Como hemos explicado, la violación a lo dispuesto en el precitado Decreto podría conllevar a la pena de prisión, a una suspensión de derechos ciudadanos – con lo cual se perdería el derecho de elegir y de ser elegido – y a una inhabilitación para ejercer cargos públicos, tal como lo penaliza el artículo 392 (numeral 6) del Código Electoral en concordancia con las normativas a las que nos hemos referido de forma amplia y explicativa. 
 
Panamá, lunes 20 de mayo del 2013.
 
 

HONORABLE MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

ELECTORAL, E.S.D.

El suscrito, MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ, varón, panameño,

mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 8-153-2773,

Abogado en Ejercicio y con Oficinas en Edificio Proconsa 1, piso 8, Calle

53 y Manuel Mª Ycaza, teléfono 269-5662 ,Provincia de Panamá, lugar

donde recibo notificaciones, acudo a este Despacho, para presentar

formal ACCION POPULAR, ante esta Honorable Corporación de Justicia

Electoral, para efectos que, previo a los trámites de rigor, se ORDENE

LA INHABILITACION del señor GUILLERMO FERRUFINO, como

Diputado de la República por el Circuito 8.5, y que, en consecuencia,

se llame a ejercer el cargo como Diputado Principal, a su Suplente, el

Honorable suplente de Diputado, LUIS CORBILLON.

DEMANDANTE

Téngase como demandante, al suscrito MIGUEL ANTONIO BERNAL

VILLALAZ, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad

personal No. 8-153-2773, Abogado en ejercicio, con oficinas en Edificio

Proconsa 1, piso 8, Calle 53 y Manuel Mª Ycaza, Panamá, lugar donde

recibo notificaciones personales, con teléfono 269- 5662 y correo

1

electrónico mabernal@cwpanama.net

DEMANDADO

Para los efectos de este proceso, téngase como demandado a

GUIILLERMO FERRUFINO, varón, panameño, mayor de edad, con

cédula de identidad personal No. 8-474-238, con domicilio en el

Corregimiento de Ancón, Ciudad Jardín de Albrook, Avenida Canfield,

entrando hacia Barriada Green Valley, antes del Instituto Atenea, primera

Calle a la Izquierda, segunda casa a la Izquierda.

PETITUM

Con todo respeto, solicitamos a los Honorables Magistrados se sirvan

resolver lo siguiente:

1. Se declare la inhabilitación del señor GUILLERMO FERRRUFINO

para ejercer el Cargo de Diputado de la República por el Circuito 8.5, del

Distrito de la Chorrera, Provincia de Panamá.

2. Se revoque la credencial de Diputado por el Circuito 8.5, expedida por

el Tribunal Electoral a GUILLERMO FERRUFINO, por el período 2009-

2014.

3. Se decrete la vacante absoluta del cargo de GUILLERMO

FERRUFINO y que se llame a asumir el cargo como principal a LUIS

CORBILLON

SUSTENTAMOS LA DEMANDA EN BASE A LO SIGUIENTE:

PRIMERO: El señor GUILLERMO FERRUFINO luego de cumplir con

todos los requisitos constitucionales para su postulación, fue postulado

2

en el año 2009, como Candidato a Diputado principal por el Circuito 8.5

de la Provincia de Panamá, correspondiente al Distrito de la Chorrera.

SEGUNDO: La Dirección de Organización Electoral admitió su

postulación como Candidato por el Circuito 8.5, por cumplir con lo

dispuesto en el artículo 151 de la Constitución:

1. Ser panameño por nacimiento, o por naturalización con

quince años de residencia en el país después de haber

obtenido la nacionalización.

2. Ser ciudadano en ejercicio.

3. Haber cumplido por lo menos veintiún años de edad a la fecha

4. No haber sido condenado por delito doloso con pena privativa

5. Ser residente del circuito electoral correspondiente, por lo

de la elección.

de la libertad de cinco años o más, mediante sentencia

ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia.

menos un año inmediatamente anterior a la postulación.

TERCERO: El 3 de mayo de 2009, el señor GUILLERMO FERRUFINO

fue proclamado electo como Diputado principal por el Circuito 8.5 por el

Partido Cambio Democrático y, posteriormente, el Tribunal Electoral le

entregó la credencial que lo acredita como tal.

CUARTO: Luego de haber tomado posesión como Diputado, y sin haber

ejercido el cargo, el Presidente de la República designa a GUILLERMO

FERRUFINO como Ministro de Estado, por lo que acoge a una licencia

hasta la fecha, del cargo de Diputado de la República.

QUINTO: Habiendo transcurrido varios años desde su elección, el

día 30 de abril de 2013, el señor GUILLERMO FERRUFINO, acude

voluntariamente a las oficinas del Tribunal Electoral, para cambiar su

residencia al Corrregimiento de Ancón, Distrito de Panamá, donde según

él, desarrolla sus actividades laborales como Ministro de Desarrollo

Social.

3

SEXTO: Con el cambio de residencia del señor GUILLERMO

FERRUFINO, el mismo queda automáticamente inhabilitado para ejercer

el cargo de Diputado de la República, al no cumplir con el requisito

“sine qua non” de residencia, establecido en el Artículo 151 de la

Constitución. Habida cuenta que el incumplimiento de la norma se

da, cuando ya fue electo, se debe producir la declaratoria de vacante

absoluta del cargo y llamar a ejercerlo como principal, a su suplente

LUIS CORBILLON.

Tómese en consideración que el artículo 150 de la Constitución,

dispone que los Diputados representan en la Asamblea Nacional a sus

respectivos partidos políticos y a los electores de su Circuito Electoral,

por lo que con el cambio de residencia, el señor FERRUFINO ya no

puede detentar la representación de los electores del Circuito 8.5.

SEPTIMO: El señor GUILLERMO FERRUFINO ha violado la voluntad

popular expresada en las urnas y la confianza de los miles de electores

chorreranos que votaron por su persona, para que los representara en la

Asamblea de Diputados.

OCTAVO: No contento con su actuación, GUILLERMO FERRUFINO

ha vertido declaraciones públicas donde explica que en las primarias

Presidenciales de Cambio Democrático, celebradas el pasado domingo

12 de mayo, votó en La Chorrera en la Mesa 833, pues el corte del

Padrón Electoral, para esa elección se dio el 8 de febrero de 2013, un

4

mes antes que cambiara residencia al Distrito de Panamá.

NOVENO: Habida cuenta que el señor GUILLERMO FERRUFINO

incumple el artículo 151 de la Constitución, y que no existe

procedimiento específico para la revocatoria de mandato por la causal

de cambio de residencia electoral, procede acudir directamente ante el

Tribunal Electoral, para que este dictamine mediante proceso sumario, la

inhabilitación del señor GUILLERMO FERRUFINO como Diputado de la

República.

PRUEBAS:

Aducimos las siguientes:

1. Se oficie a la Dirección de Organización Electoral para que

certifique el historial de residencia del señor GUILLERMO

FERRUFINO.

2. Se oficie a la Dirección de Organización Electoral para que

remita el historial de inscripciones en Partidos Políticos, del señor

GUILLERMO FERRUFINO.

3. Se solicite a la Secretaria General del Tribunal Electoral, para

que certifique la condición de Diputado de la República, del señor

GUILLERMO FERRUFINO.

4. Se oficie a la Dirección de Organización Electoral para que

certifique si el historial de inscripciones en Partidos Políticos de

GUILLERMO FERRUFINO.

5

5. Se oficie a la Dirección de Organización Electoral para que

remita copia del formulario de cambio de residencia del señor

GULLERMO FERRUFINO realizado en el año 2013.

6. Se solicite al Tribunal Electoral de Panamá, copia autenticada

del Registro Electoral de Mesa de Votación (Padrón de Firma)

mediante el cual el señor GUILLERMO FERRUFINO ejerció el

sufragio en las elecciones Primarias Presidenciales del Partido

Cambio Democrático el día 12 de mayo de 2013.

7. Se oficie al ente rector de las elecciones primarias del Partido

Cambio Democrático, para que remita el Padrón Electoral

vigente para las elecciones Primarias Presidenciales del año

2013, específicamente donde aparezca el señor GUIILLERMO

FERRUFINO.

8. Se realice Inspección Ocular a los domicilios declarados por

GUILLERMO FERRUFINO, en la Dirección de Organización

Electoral, específicamente, en el Distrito de La Chorrera y en

Albrook; a efectos de certificar las condiciones de residencia en el

momento en que fue postulado como Diputado y en la actualidad.

9. Se oficie a la Asamblea Nacional para que certifique si el señor

GUILLERMO FERRUFINO ocupa una curul en dicho hemiciclo,

Circuito que representa, y si goza de una licencia, en caso cierto,

se certifique el término de dicha licencia y remita copia del Acta de

Toma de Posesión del Diputado.

10.Solicitamos la Declaración de Parte del demandado, señor

GUILLERMO FERRUFINO.

6

Presentamos las siguientes:

1. Publicación de la página web de La Estrella de Panamá titulada

“El Ministro Ferrufino y sus incongruencias para la Alcaldía de

Panamá”.

2. Publicación de la página web del canal de televisión, Telemetro,

titulada “Ferrufino debe renunciar a su curul tras cambio de

residencia”.

Solicitamos que se realice Diligencia de Inspección Judicial,

con la asistencia de peritos informáticos, a las páginas web

www.laestrella.com.pa y www.telemetro.com y se obtenga un ejemplar

certificado de dichas publicaciones electrónicas.

DERECHO:

Artículo 150 y 151 de la Constitución Nacional de la República de

Panamá,. Artículos 429, 527 y demás concordantes del Código

Electoral. Decreto 4 del 13 de marzo de 2008 expedido por el

Tribunal Electoral.

Del Magistrado Presidente, a la fecha de la presentación,

Doctor Miguel Antonio Bernal Villalaz

Idoneidad # 509

7

Hollande inicia segundo año de gobierno con elevada impopularidad y descontento social
 
Françoise Escarpit
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Lunes 20 de mayo de 2013, p. 22
Burdeos, 19 de mayo.

El presidente francés, François Hollande, acaba de iniciar el segundo año de su mandato con una impopularidad de más de 75 por ciento, es decir, de las más altas que haya alcanzado un mandatario, acompañada de un descontento generalizado que llega a las filas de su Partido Socialista (PS).

Cierra su primer año con desempleo de 3 millones 224 personas, que sigue al alza a pesar de la promesa de revertirlo a finales de 2013, con una nueva e impopular reforma de las jubilaciones en marcha, con el aumento de los impuestos, con el ejército francés en una guerra en Mali y con sólo dos leyes importantes aprobadas en un año.

La ley del matrimonio se esperaba, pero su promulgacion y aplicacion no resolverán nada en cuanto a la crisis política y economica del país. La ley sobre seguridad del empleo, diseñada para satisfacer a los empresarios y votada globalmente –sin el tradicional debate artículo por artículo– en el Senado en estos días, que considera el trabajo, no como la riqueza producida por los trabajadores, sino como costo, el cual ha de reducirse como sea, agravará la precaridad del empleo hasta en los sectores educativo y de salud, favorecerá el trabajo parcial y provocará baja de salario.

La segunda conferencia de prensa del presidente, el pasado jueves, ocurrió en el momento en que se confirmaba que Francia había entrado en recesión con dos trimestres seguidos de retroceso del PIB y con el poder adquisitivo de los franceses en baja histórica de casi uno por ciento en 2012. Pese a esos indicadores catastróficos, Hollande ha confirmado su voluntad de seguir aplicando las políticas neoliberales de austeridad impuestas por la Comisión Europea y Alemania.

Para él, Francia es y será el motor del cambio europeo cuando la zona euro, y obviamente Francia, está completamente paralizada por políticas de austeridad dictadas por la obsesión liberal de reducir el déficit presupuestal publico, medida reclamada por los mercados financieros. Cuando Hollande propone, para solucionar la crisis (que, al mismo tiempo, afirma que ésta ya quedó atrás), crear un gobierno économico europeo con poderes, sólo olvida mencionar que la idea no es nueva y la lanzó Angela Merkel en 2011.

Cabe recordar que, pese a lo que afirmó al principio de su mandato, no consiguió modificar una sola palabra del tratado europeo firmado por Sarkozy y Merkel. Intentó presentar todo lo que le impone Alemania y la Comisión Europea (que acaba de otorgar a Francia dos años más para reducir su déficit presupuestal a 3 por ciento; es decir, para terminar las privatizaciones y reformas estructurales, acabar con el código del trabajo y agravar las condiciones para las jublilaciones) como iniciativas propias y decisiones de su gobierno. El Medef, que reagrupa a empresarios, ha manifestado satisfacción considerando que las declaraciones de Hollande corresponden a su visión.

Frente al ejercicio de malabarismo gubernamental, cuyo objetivo era intentar convencer a los franceses que todo va a cambiar sin cambiar de política, el escepticismo va creciendo y la mayor preocupación de la población sigue siendo el empleo. Según el ministro del Trabajo, Michel Sapin, todo está listo para revertir la curva del desempleo este año y las medidas serán presentadas en la conferencia social del 20 y el 21 de junio con los sindicatos. La medida estrella del gobierno Hollande son los empleos para el futuro, dirigidos a los jóvenes sin calificaciones de los suburbios obreros o del campo. Pero, a mediados del año, los cien mil empleos prometidos apenas llegan a 10 mil.

El gobierno acaba de ampliar la medida al sector privado y al turismo. Tampoco los 500 mil empleos que deben generarse, en cinco años, con los contratos de generación –se contrata a un joven y se mantiene a un senior a cambio de exoneración de cargos sociales– ha encontrado éxito en las filas del sector privado. Todas esas medidas técnicas tendrán, quizá en un tiempo, efecto positivo en las cifras del desempleo pero no son la solución. Bien se sabe que, para solucionar la cuestión de los fondos de jubilaciones y mantener la jubilación por reparto a su nivel actual, habría que crear masivamente empleos y subir el salario minimo a mil 700 euros brutos para reactivar el consumo.

Hollande tiene pocas alternativas. En junio, la conferencia social le va a reclamar una nueva orientación de la politica económica y social, lo que descarta totalmente. En entrevista a una revista francesa hace unas semanas, había repetido que este año su equipo de trabajo debe tener resultados en desempleo, vivienda, educación, consumo y la presencia de Francia en el mundo. Pero de ninguna manera se espera que escuche la voz de los que votaron por él hace un año y le dieron cuatro millones de votos. El presidente ha dicho que no considera a la izquierda de la izquierda parte de su mayoría y su rechazo personal a la ley de amnistía social para trabajadores despedidos y que, en su desesperanza, destruyeron material en oficinas es preocupante. La violencia de los despidos de hombres y mujeres que trabajaron años en una empresa no se puede comparar a ninguna otra.

La ley de amnistía permite reconocer esa intolerable violencia social hacia familias enteras. Preocupante también la manera en que Hollande se vanagloria de hacer lo que no hizo Nicolas Sarkozy: reforma del sector laboral, reducción del gasto público, reforma de las jubilaciones (incluso repitió la frase –que en su tiempo criticó– de Sarkozy ya que vivimos más tiempo, tenemos que trabajar mas tiempo.

La izquierda de la izquierda dio sus votos sin ilusiones pero el rechazo de Hollande a hacer otra política como se lo pidieron el 5 de mayo pasado decenas de miles de manifestantes que gritaban ‘resistencia’ en las calles de París, no deja de ser grave. La actitud del presidente, que está traicionando incluso los textos votados por su partido, ha venido a confirmar que el cambio no es ahora como lo pretendía la propanganda socialista.

El próximo año, hay comicios municipales y europeos y la extrema derecha se prepara a recoger los frutos podridos de la abstención electoral, consecuencia de una esperanza perdida.

“Sería conveniente realizar una reforma financiera que fuera ética y, a su vez, que comportara una reforma económica saludable para todos”, dijo el argentino Jorge Bergoglio en su discurso ante los diplomáticos, ante quienes expresó enfáticamente: “¡El dinero debe servir y no gobernar!”.

En ese marco, agregó: “El Papa ama a todos, ricos y pobres; pero el Papa tiene la obligación, en nombre de Cristo, de recordar que los ricos deben ayudar a los pobres, respetarlos, promoverlos desde la solidaridad desinteresada y de un retorno de la ética en favor del hombre en la realidad económica y financiera”.

Según informó el Vaticano, el pontífice afirmó que el materialismo creciente afecta la calidad de vida de la gente. “El miedo y la desesperación se apoderan de los corazones de numerosas personas, incluso en los llamados países ricos, donde la alegría de vivir va disminuyendo; la indecencia y la violencia aumentan; la pobreza se vuelve cada vez más impactante. Se tiene que luchar para vivir, y a menudo, para vivir sin dignidad”, aseveró Bergoglio. “Una de las causas de esta situación se encuentra en nuestra relación con el dinero y en nuestra aceptación de su imperio y dominio en nuestro ser y en nuestras sociedades.”

Para Francisco, el consumismo reduce la condición humana. “La crisis mundial que afecta las finanzas y la economía parece poner de relieve sus deformidades, y, sobre todo, la grave falta de su orientación antropológica, que reduce al hombre a una sola de sus necesidades: el consumo. Y peor aún, el ser humano es considerado hoy como un bien en sí que se puede utilizar y luego desechar. Esta deriva se verifica a nivel individual y social”, consideró.

En ese contexto, el pontífice habló de los desequilibrios que producen los mercados fuera de control, a los que describió como tiránicos. “Cuando se imponen las ideologías que promueven la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera, los ingresos de una minoría van creciendo de manera exponencial, al mismo ritmo que los de la mayoría van disminuyendo”, dijo el Papa. “Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone de forma unilateral y sin remedio posible sus leyes y sus reglas”, concluyó.