Alternativa, La verdadera Panamá

Opinión estudiantil

por LACEY BROCE

“Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y es que el joven es el despertar de la adolescencia, de la niñez, con el sentido de la justicia prácticamente incorrupto aún. El joven tiene el ímpetu, la fuerza y la valía y no teme peligro alguno al defender sus derechos. El joven tiene la rebeldía y la conciencia necesaria para intentar cambiar el mundo injusto que le rodea.”Salvador Allende

Sabias palabras de Salvador Allende en un discurso dictado en la Universidad de Guadalajara en 1972; con esto me dispongo a empezar mi resumida opinion de lo que se vivió en la Universidad de Panamá el 9 de junio de 2010, día del Referéndum universitario, curiosamente el mismo día de la desaparición hace 39 años del Sacerdote Héctor Gallegos.Pero, puedo percibir que se hizo sentir su legado de perseguir el llamado “bien común”, ya que el triunfo arrollador del “NO” en las urnas por parte del estudiantado se hizo sentir, y eso que solo voto el 23% de la población estudiantil, como habrá sido si hubiese votado el 100% de los estudiantes? Hubiese sido fallida la estrategia maquiavélica del “voto ponderado”.Pero a lo que quiero llegar, sin tanto rodeo, es al día siguiente, el 10 de junio: El Rector de la Casa de Méndez Pereira sale declarando que “el grupo que votó que NO, es un grupo de jóvenes rebeldes que no saben la importancia de este voto.”Bueno, tildarnos de ignorantes no es lo más correcto, ya que degrada la educación que recibimos en la institución que está bajo la batuta de su persona; mas que una falta de respeto hacia los estudiantes que piden un cambio y se hicieron sentir con su negativa a la hora de ejercer el voto, fue un llamado, un campanazo para que el estudiantado despierte del “limbo educativo” al que los tiene sometidos este magma de conveniencias políticas que tiene sumergida a la primera casa de estudios en un letargo tan grotesco que los únicos que pueden reinsertarla como núcleo puro de la sociedad son los estudiantes.Y se lo debemos. Le debemos eso y más a la gloriosa Universidad que es cuna de muchos personajes ilustres y reconocidos tanto nacional como internacionalmente, a la madre de los futuros responsables de la Patria.En lo personal, me sentí inmersa en una profunda tristeza al ver que nadie reacciona ante las decepcionantes declaraciones del señor Rector, ni siquiera los dirigentes de los grupos que están destinados para orientar y proteger el bienestar de la población estudiantil ya que vendieron su dignidad y su ideal al mejor postor; pero recordé que al igual que yo, si existen jóvenes pensantes y razonantes, con la misma preocupación que yo, y les reitero que no podemos perder a la masa que voto que no, no podemos hacer que pierdan la esperanza y piensen que es imposible rescatar a nuestra Universidad, no es una lucha perdida, solo hay que dejar que nuestras jóvenes cabezas piensen con claridad y que esos pensamientos germinen en acciones positivas para así rescatar lo que en un momento se perdió pero que no es imposible recuperar.

Con los zapatos del pueblo

Artículo publicado en La Estrella de Panamá,

Página de OPINIÓN, miércoles 16 de junio de 2010

Lizabeta S. de Rodriguez

En su discurso de toma de posesión, el 1° de julio de 2009, el presidente de la República expreso: “Hoy, ante Dios que nos protege y mi país, estoy parado aquí, honrado por la confianza que el pueblo nos ha dado… Lo que celebramos hoy es prueba de que en Panamá la voz de cada ciudadano es escuchada… Y que los principios democráticos que nos unen, son más poderosos que cualquier diferencia. Este pueblo nos dio un claro mandato para traer un cambio a este gobierno, de arriba a abajo, y eso es lo que vamos a hacer… La costumbre de que los políticos ponen sus intereses personales sobre los del pueblo, se terminó.”

La semana anterior, el Ejecutivo amparado en el argumento de promover la aviación comercial, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley que modifica tres códigos y seis leyes. El paquete de reformas introducidas, y aprobadas por la Asamblea, contenía aspectos como la eliminación de sindicatos y la supresión del derecho a huelga, contemplados en el Código de Trabajo; pero además se plantean reformas a los códigos Judicial y Penal.

La ley violenta el espíritu de la Constitución y contradice los pactos internacionales firmados por Panamá como país signatario de convenios, de protección al medio ambiente.

De incumplir las obras públicas la presentación de estudios de impacto ambiental, presuntamente por tratarse de obras de carácter social, puede promoverse la depredación de áreas protegidas so pretexto de desarrollar turismo, minería o hidroeléctricas. La especulación por tenencia de tierras, generalmente se da en la figura de allegados partidistas, parientes o empresarios de alto nivel gubernamental, los cuales, utilizando la figura de donación de parcelas para obras públicas, logran jugosas utilidades producto de la especulación.

Otro aspecto a analizar seriamente es donde los agentes del orden público en servicio no podrán ser detenidos por la comisión de un delito. En diversas ocasiones agentes del orden público cometen abuso de fuerza y crímenes, extralimitando sus funciones, perjudicado y violentando el derecho ciudadano. Hemos manifestado, reiteradas veces, que se debe proceder a hacer un saneamiento de los organismos policiales, en atención a que dentro sus filas se han enquistado delincuentes. Lo expuesto permite sugerir mayor cordura y coherencia frente a acciones de indulto a delincuentes o policías, donde su actuar esté en tela de duda o se incumplan las normas instituidas.

Estas situaciones dejan un amargo sabor en la población, al observar que diversas organizaciones de la sociedad civil y colectividades, haciendo uso del derecho que confieren nuestras normas legales, fundamentadas en un régimen democrático se apersonaron a la Asamblea para participar en el debate legislativo y argumentar su rechazo frente al proyecto de Ley propuesto, encontrándose con una Asamblea a puertas cerradas, cuyo único fin era aprobar la Ley presentada por el Ejecutivo, sin importar las consecuencias, dejando atrás el “caminar con los zapatos del pueblo” y el discurso de campaña del cambio.

Artículo publicado en El Siglo,

Página de OPINIÓN, jueves 17 de junio de 2010.

Las reelecciones tienden a ser manipuladas

Victoriano Rodríguez S.

Con más del 90% de abstencionismo de los estudiantes, de la “Uni-yes-man-yes-dad de Panamá”, el mensaje fue claro, rotundo y explícito. Evitaron ser utilizados por la demagogia de quienes, de una u otra forma, se convierten en dictadores del manifiesto destino de incautos; la muestra es suficiente.

Ese abstencionismo, evidencia el rechazo estudiantil a la reelección inmediata. El mensaje de quienes se sienten atrapados entre el ausentismo, exigencias e intransigencia de muchos docentes. Téngase presente que, generalmente, esos mismos profesores se muestran cabizbajos, risueños y colaboradores en las universidades particulares.

El mensaje de los estudiantes (objeto y sujeto de la educación), a las autoridades nacionales, principalmente a la Asamblea “nacio-mal de dis-putados”, es claro. Tienen que actuar con delicadeza y evitar transgredir la ley para favorecer a una sola persona.

Históricamente es conocido que, salvo excepciones, la reelección de funcionarios habitualmente trae consigo inoperancia administrativa, producto del costumbrismo y -como lo dice el señor Presidente- de “manzanillos”; los populares “yes man”.

Generalmente, las reelecciones tienden a ser manipuladas. Quien pretende reelegirse utiliza tiempo y recursos que le pertenecen al Estado, así como las influencias propias del cargo. ¡Allí la parte corruptiva del asunto!

Se escucha de docentes y administrativos nombrados sin los créditos que sustenten la toma de posesión, razón que les obliga incondicionalidad. Importante hacer una auditoría exhaustiva sobre los créditos y ejecutorías, al momento del nombramiento.

Nuestra primera casa de estudios se ve amenazada, producto de la desidia de muchos docentes y administrativos. Desidia por la cual numerosos estudiantes son empujados a migrar a la educación particular, producto del ausentismo docente.

Se especula que el costo por estudiante graduado de la Universidad de Panamá es cuatro (4) veces mayor al de las universidades particulares. ¿Qué razón motiva tal diferencia? ¿Cuál es la carga horaria de los docentes, principalmente de quienes apoyaron el sí? De acuerdo con la cantidad de estudiantes, ¿cuántos docentes requiere, realmente, la Universidad de Panamá para ser altamente competitiva?

Diputados que hacen o modifican leyes de espaldas al pueblo, mal pueden llamarse democráticos y representativos de quien los eligió. La ley limita la reelección inmediata, salvo que la Asamblea se vulnere o prostituya, una vez más. Retomemos la legalidad, democracia, honestidad y principios éticos. Dios te salve panamá.

Magister Lizabeta y Victoriano Rodríguez S.

“Transparencia, honestidad y decencia, marco de nuestra competencia”

!Dios te salve Panamá!

Artículos publicados en Panaletras por:

Lizabeta: http://panaletras.wordpress.com/category/rodriguez-lizabeta-s-de/

Victoriano: http://panaletras.wordpress.com/category/rodriguez-s-victoriano/

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Compra de infraestructuras vs. Crear nuevas infraestructuras

Francisco Bustamante economista franciscobu@gmail.com 06/16/2010

El Gobierno insiste en comprar los corredores existentes, Norte y Sur, aduciendo que las negociaciones de estas vías fueron onerosas para el país, que en el caso del Corredor Sur por lo menos, son caras las tarifas de peajes y que no resuelven los tranques vehiculares, etc.
La propuesta de compra de los mismos no implica una rebaja en el costo del peaje por el uso de los corredores, ni tampoco significa que los tranques desaparezcan. Tampoco es una inversión que genere empleos nuevos, ni demanda de materiales y servicios. Puesto en este contexto, esta operación no es una obra de infraestructura nueva, sino un negocio. Y como en todo negocio, para que sea bueno y equitativo, ambas partes deben ganar. Yo pregunto: qué gana el gobierno de Panamá comprando esos corredores? Qué ganan las empresas operadoras de los corredores? Es una negociación equitativa, mejor que la que originó ambas estructuras?
La verdad, no he leído, escuchado, visto, ninguna explicación sensata al respecto, salvo una inexcusable exhibición de patrioterismo. De recuperación de un bien, como si fuese el Canal de Panamá que sí tenía claras trazas de neocolonialismo gracias a la juventud y pueblo panameños, superadas.
Cómo analizar estas construcciones de de infraestructura en el contexto de la desaceleración económica mundial y que nos toca de distintas maneras? (a)  generar inversiones autofinanciables, o con una estructura de financiamiento sólida es lo ideal, (b) que dichas inversiones generen empleos y demanda interna de bienes y servicios conexos, (c) que resuelvan claras necesidades de la población, de transporte de bienes y servicios, con claros retornos sociales y económicos, (d) que los impactos ambientales estén claramente identificados, con medidas claras de mitigación de los mismos, y ( e) que sean auto sostenibles, en la medida de lo posible.
Lamento decirte que no veo nada de eso en la compra de los corredores. Peor, no lo veo tampoco en el famoso Metro. Mucho peor, se elimina recientemente la condicionalidad de estudios ambientales, cuando se den obras de “interés social”, sin definirlo, limitarlo, reglamentarlo, etc. Por cierto, todas las obras que haga el gobierno se espera que sean de interés social, y no particular. Así las cosas, nos enfrentamos a un ambiente enrarecido que puede hacer no solamente social sino físicamente imposible vivir en paz, salud y confianza en este Istmo.
Ojalá que el gobierno reaccione, piense, y escuche. La compra de los corredores, a menos que nos prueben lo contrario, no resuelve ningún problema social. Salvo que resuelva problemas particulares lo que lo hace parecer más un negocio.  Mejor sería ampliarlos, hacer otros paralelos, mejorar las vías de acceso y salidas, etc.  Se atreverán a hacer lo correcto los Poderes responsables de la supervisión de las acciones del Ejecutivo?

“Martinelli cocina su ley mas polémica, a pocos días para cumplir un año”

1. Fuente: José Luis Paniagua EFE  | 17/06/2010

Panamá, (EFE).- A punto de cumplir un año en el poder, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha sacado del horno la ley más polémica de su mandato, una norma que sus críticos ya han apodado con apelativos tan gastronómicos como ley “chorizo” o “camarón” y que, aseguran, es un ejemplo de autoritarismo.

Martinelli, investido el pasado 1 de julio como mandatario de Panamá, dio este martes el visto bueno a la ley 177, propuesta para introducir reformas en el sector de aviación civil y que, de paso, supone la introducción de reformas en los códigos Penal, de Trabajo y el de Justicia, y en seis leyes, incluidas la ley orgánica de la Policía, la de contrataciones públicas y la del medio ambiente. Entre otras cuestiones, la ley reduce control a la actividad del Ejecutivo en materia ambiental y condiciona el ejercicio de la ley de huelga, algo que ha encendido las iras de sindicatos, ambientalistas y oposición, que han convocado a la población a protestar en las calles.

En la prensa se le han puesto casi tantos apelativos como disposiciones y ya es conocida popularmente como “ley 9 en 1″, “ley chorizo” o “ley camarón”, un término que en Panamá se utiliza para aludir a un engaño y de forma similar a dar gato por liebre. También se denomina “ley langosta”, por aquello de que es incluso más grande que un camarón y trae más cola que cabeza, y hasta “ley golazo”, aprovechando la coyuntura mundialista.

En la práctica, la norma, aprobada en el Parlamento el pasado fin de semana, prevé que en el plano laboral se puedan suspender los contratos de los empleados en huelga, contratar trabajadores en esos casos y utilizar la Policía para garantizar la “protección” de la empresa, cuya “operatividad” queda ahora garantizada. También establece que a un policía no se le pueda detener de forma preventiva por delitos cometidos en horario de servicio (¿?) ni sea suspendido en el cargo durante la investigación.

Además, elimina el requisito de estudio de impacto ambiental de obras del Estado “declaradas de interés social”, entre otras muchas disposiciones. “Esto es un exabrupto no solo jurídico sino contra la naturaleza”, indicó a Efe la ambientalista Raisa Banfield, al señalar que la nueva disposición implica para el país “pasos agigantados hacia atrás”. Banfield dijo que “con este marco que abre, todo lo que venga detrás que no sean proyectos de escuelas o carreteras también entra en este paraguas”, al recordar “la extensa promoción” del Gobierno a la posibilidad de explotar los yacimientos de oro y cobre del país -estos últimos, según estudios privados, de los más importantes del mundo. El canciller panameño, Juan Carlos Varela, reconoció hoy en declaraciones a la prensa internacional que “faltó divulgación” por parte del Gobierno, pero aseguró que la nueva norma no implica que desaparezcan los controles en materia ambiental. “Nosotros tenemos que dar la cara por un país”, dijo, y agregó que “se están buscando catalizadores” para facilitar la inversión pública.

El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, recordó que la ley fue aprobada en el Parlamento -donde el oficialista Cambio Democrático tiene mayoría- y dijo que este “no es un Gobierno de matones, este es un Gobierno que cree en el derecho“. Además, indicó, en estos momentos de lucha contra el crimen los policías no pueden quedar presos “mientras se dilucida el proceso (…) como si fuera un criminal común y corriente”.

Para el vicepresidente del opositor Partido Popular (conservador), Aníbal Culiolis, hay “una reacción y opinión generalizada del pueblo panameño de que el Gobierno se está excediendo en el ejercicio de la autoridad y que es necesario un diálogo”. “Hay muy serias afectaciones en materia laboral: Se le permitiría a la Policía Nacional entrar a los centros de trabajo, creando una situación de conflicto con los trabajadores que estén en huelga, podrían quedar sin efecto los contratos de trabajo y estos pueden ser reemplazados”, explicó a Efe. En opinión de Culiolis, la ley fue aprobada “sin la debida consulta y participación de amplios sectores de la comunidad”.

El jefe de la bancada en el Congreso Partido Revolucionario Democrático (PRD, el principal de la oposición), Yassir Purcait, declaró a Efe que ahora un policía investigado “va a tener acceso al expediente, a la lista confidencial de los testigos, por ejemplo, de su propia investigación”. “Se ha abierto un escenario más para la corrupción y la impunidad”, agregó.”

2. “La Ley 30 (Langosta) de Panamá es inconstitucional” FRENADESO (*) Fuente: elpais.cr <http://elpais.cr> | 17/06/2010

La Asamblea Nacional de Diputados, haciendo caso omiso al clamor popular, aprobó a tambor batiente, en sólo tres días, una polémica ley que reforma tres Códigos y 6 leyes de la República. Se trata de la hoy Ley 30 de 16 de junio de 2010, que se presenta como una Ley sobre la Aviación Comercial, pero en ella el Gobierno introdujo lo que los panameños conocen como camarones legislativos, maniobra truculenta con la que esperaban sorprender al pueblo.

Es Inconstitucional

La norma es clara en el artículo 149 de la Constitución Nacional, que indica entre otras cosas, que la Asamblea puede ser convocada a sesiones extraordinarias por el Órgano Ejecutivo «para conocer exclusivamente» de los asuntos que dicho órgano someta a su consideración.  Se trata de temas específicos, en este caso sobre la aviación comercial, es decir el Consejo de Gabinete nunca propuso formalmente a la Asamblea de Diputados los otros temas.

Aparte de ello, de acuerdo al artículo 165, numeral «c» de la Constitución Nacional, la potestad de reformar los Códigos compete a la Corte Suprema de Justicia o a los Procuradores, no al Ejecutivo en la forma que lo hizo ni al Consejo de Gabinete.

Se violó, además, de muchas formas, el Reglamento Interno de la propia Asamblea de Diputados.  Por ejemplo, luego de declararse ilustrada la Sala y aprobado el proyecto en segundo debate, en el tercer debate se hicieron modificaciones que ni siquiera fueron debatidas previamente.  Es decir, lo aprobado en tercer debate, no fue lo mismo que se aprobó en segundo debate.

La forma en que actuó la mayoría de los diputados, es digna de la más vulgar maleantería.

La nueva Ley fomenta el Ecocidio

Con esta ley se exime al Estado de la presentación de los Estudios de Impacto Ambiental, los cuales son considerados un avance para la humanidad, pues frente al cada vez más grave panorama mundial en términos ambientales, estos estudios buscan predecir las consecuencias ambientales de los proyectos a desarrollar, examina los impactos del proyecto sobre la población, su territorio, sus medios de vida, o sobre otros proyectos aledaños. Además de predecir problemas potenciales, estos estudios identifican las medidas para minimizar los problemas y sugieren cómo adaptar el proyecto al ambiente propuesto.

Sin embargo, estos estudios que constituyen un avance histórico, son visto por las autoridades como trabas burocráticas.  Esto sólo se explica por la ignorancia crasa de los gobernantes y por su sed desmedida de hacer negocios con sus empresas y allegados, máxime cuando se informa el interés del Gobierno de destinar más de mil millones de balboas en compras directas.

La Ley fomenta la Impunidad y da licencia a los policías para asesinar

Con esta ley se legaliza la impunidad policial, se crean fueros y privilegios por encima de la Constitución Nacional, ya que los agentes procesados por cualquier delito, incluido el de asesinato, «en cumplimiento del deber», no serán separados ni dejarán de devengar salario alguno, mientras dure la investigación.  De ser condenados no irán a la cárcel, sino que se mantendrán dentro de cualquier instalación de la policía donde podrían ser requeridos por su jefe inmediato para cumplir tareas administrativas. Esta situación es en extrema peligrosa.  Todos sabemos de las denuncias de policías abusadores, tumbadores, corruptos, violadores, torturadores y asesinos. De materializarse esta situación cualquier panameño queda expuesto al asesinato.  Desde una simple infracción de tránsito hasta por su presencia en una manifestación ciudadana.

Muchos son los casos recientes de atropello policial.  Mencionamos algunos: El caso de los obreros del SUNTRACS, Luiyi Argüelles (donde el arma homicida fue ocultada por la Policía) y de Al Iromi Smith asesinado por unidades Lince de la Policía Nacional; de los hermanos pescadores asesinados Dagoberto y Rodrigo Pérez, de tan solo 16 y 18 años respectivamente, atacados a mansalva por miembros de la Policía que intentaron luego sembrar un arma ajena al incidente como falsa prueba en la escena del crimen; el caso de la joven Clarissa Mabelis Urriola, de sólo 17 años y con tres meses de embarazo asesinada por miembros de la Dirección de Investigación Policial (DIP) en un incidente en Pedregal; y el crimen de la empresaria Cristina García Eleta a manos de agentes del SPI.

Frente a la aprobación de esta Ley, todos estos asesinatos quedarán impunes, lo que pone al descubierto el cinismo y la hipocresía de Ricardo Martinelli, quien en actitud politiquera pidió recientemente «perdón» a nombre del estado panameño, por los crímenes de la dictadura militar.

Se violan los derechos laborales

El exabrupto jurídico que se ha cometido atenta contra el derecho a huelga consagrado en la Constitución Nacional y el cual constituye el último recurso al que acuden los trabajadores frente a los abusos de la patronal. Se permite mantener abierta la empresa durante el período de huelga y a los patronos contratar esquiroles, es decir, «rompe huelgas».

La Ministra de Trabajo, Alma Cortés, quien se ha venido destacando por mentir constantemente y de forma descarada ante los medios de comunicación, ha señalado que esta medida responde a una solicitud de la OIT, lo cual es totalmente falso.  Curiosamente, la OIT ha recomendado modificaciones a la legislación laboral en materia de libertad sindical y derecho a sindicación, entre otras, que este Gobierno se niega a cumplir por su carácter abiertamente pro patronal.

Asimismo, se elimina la obligatoriedad del pago de la cuota sindical por medio de descuento directo, para con ello debilitar el sindicalismo nacional toda vez que la principal fuente de ingresos de los sindicatos son las cuotas. Si lo que se busca es el pago voluntario de los trabajadores de esta cuota de manera sana, ¿por qué no se aplica la misma norma para el pago de la cuota de Seguro Social, de los impuestos, o en los casos de los descuentos directos de los bancos, mueblerías y otros establecimientos comerciales?

Es claro el interés perverso de las autoridades de combatir el sindicalismo en Panamá y aniquilarlo en aras de garantizar sus intereses como clase dominante y establecer un régimen de esclavitud en Panamá.

Martinelli no da la cara

En medio de toda esta situación que ha despertado la indignación nacional, el Presidente de la República realizó su viaje número 19 y no ha dado la cara frente a este problema.

Ha mandado para ello a sus empleaduchos como José Raúl Mulino y Alma Cortés, altamente repudiados por la opinión pública, mientras medios de comunicación insinúan que Martinelli y su comitiva aprovecharon el jet presidencial y los recursos del Estado para escaparse al Mundial de Fútbol.

Según las denuncias que se han presentado en los últimos días y los hechos mencionados, no cabe duda que estamos regido por una verdadera mafia que con la abrogación de los derechos ciudadanos, la imposición de la Ley Carcelazo, la Ley Pinchazo, y otras medidas, busca establecer un régimen policiaco en Panamá para eternizarse en el poder y hacer desde allí sus grandes negocios.

Llamamos al pueblo a la lucha y a la resistencia popular en las calles para enfrentar y derrotar esta ley antipopular.

(*) Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO- Panamá)

No necesitamos ser elegidos para actuar como ciudadanos

Panama America, hoy

Raúl Leis R.

SOCIOLOGO, EDUCADOR Y ESCRITOR

Diversas entidades ciudadanas se expresaron así: “Los grandes retrocesos en materia de derechos humanos que contiene la ley 9 en 1 y la forma poco democrática e irrespetuosa como es discutida, son una muestra del deterioro de nuestro sistema democrático, lo que afectará el ambiente del diálogo y convivencia que necesita el país… No se debe seguir irrespetando a la sociedad civil y creer que el país y las instituciones se pueden cambiar según la decisión unilateral del Consejo de Gabinete.”

De este difícil contexto por el que atravesamos me pregunto ¿Por qué afirma el gobierno y algunos políticos que la sociedad civil no es legítima, pues no fue elegida y quiere cogobernar?

Invito a un ex presidente y político, el sociólogo brasileño Fernando Henrique Cardozo para que ponga los puntos sobre las ies. “La legitimidad de las organizaciones de la sociedad civil emana de lo que hacen y no de a quienes representan ni de ningún tipo de mandato externo. En última instancia, son lo que hacen. El poder de la sociedad civil es un poder difuso. Consiste en su capacidad de discutir, proponer, experimentar, denunciar y servir de ejemplo. No es un poder de decisión. Esta legitimidad es por definición una labor permanente. Nunca llega a alcanzarse de manera definitiva. Se obtiene en el foro del debate público y debe renovarse y revitalizarse continuamente. Este diálogo abierto, en el que participan muchos actores que defienden intereses distintos, y en ocasiones divergentes, es algo más que la suma de sus partes. El debate y la reflexión que genera la sociedad civil constituye la base de la gobernanza mundial en el mundo contemporáneo.”

Creo que solo una visión miope y atrasada puede asumir que la actividad política se reduce a la labor de los partidos o los políticos, relegando así al ciudadano común solo a sus deberes laborales y familiares, y pasivamente, a la espera que los políticos hagan bien su trabajo. Para esta visión la política es un gran negocio manejado solo por una élite de iniciados, funcionarios, cuadros partidarios, empresarios y caudillos. Para ellos, el resto de los miembros de la sociedad son únicamente una “masa”, un conjunto de individuos apáticos y sumisos que no merecen la libertad porque ni siquiera saben como usarla, y que necesitan ser manejados hacia un futuro que desconocen, pues son incapaces de alcanzarlo por sí mismos.

Esta visión promueve la falta de fe del ciudadano en sus potencialidades y capacidades, pues se le impone un modelo domesticador, alejándolo de las posibilidades de autoconstruir una ciudadanía activa y transformadora. Es en fin, un caldo de cultivo de reacciones impositivas que contribuyen a desmantelar nuestras instituciones políticas, y a merma las posibilidades de democratizar la democracia.

Muy por el contrario, creo que el rol esencial de la sociedad civil, es ponerle límites al estado y al mercado, para proteger el espacio de libertad desde el cual aportar a la construcción de democracia y el desarrollo humano sostenible. Lo medular de la sociedad civil somos los ciudadanos, que actuamos con derechos y deberes, para mejorar nuestra sociedad, y en ello no representamos a nadie – no a la manera de los políticos o sus partidos – sino que más bien, nos representamos a nosotros mismos en tanto que somos agentes de cambio, pues no necesitamos ser elegidos para actuar como ciudadanos.

raulleis@hotmail.com

Raúl Leis R.

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Gracias, Universitarios

MUCHAS GRACIAS UNIVERSITARIOS

Deseamos felicitar a todos los universitarios que acudieron a votar en el referendo del 9 de junio. Sin embargo, hay que señalar qué solo el 40 % de los que tenían derecho a votar acudieron a las urnas.  Esto se debió en parte a la tergiversación intencional y confusión que se hizo sobre el propósito del referendo.  A los universitarios se les mintió y se les confundió cuando se señalaba que si votaban NO, se subiría la matrícula, se aumentaría el menú, se eliminarían carreras y estaba en peligro la autonomía universitaria y el estatus popular de nuestra universidad.

También queremos felicitar a los más de 13 mil universitarios que tuvieron el valor de votar NO a la reelección inmediata a perpetuidad.  Ellos son las semillas con que se iniciará la germinación de la nueva Universidad.

Deseamos agradecer de forma muy especial a nuestra juventud estudiosa, quienes a pesar de los intentos de compra de conciencia, de manipulación y de intimidación dijeron mayoritariamente NO a la reelección inmediata indefinida.  Repudiamos públicamente las aseveraciones del Rector Gustavo García de Paredes cuando calificó a los estudiantes universitarios de rebeldes y manipulables.  A pesar que el profesor García de Paredes es profesor de historia, se le olvidó que nuestros jóvenes estudiantes han escrito las páginas más heroicas y hermosas de nuestra historia.  Ellos, además de ser la razón de ser de la Universidad, constituyen lo más puro de nuestra Institución, y su voz representa el clamor del pueblo panameño ya que son el eco de más de 60 mil hogares.  Las cifras hablaron claro: 10,851 estudiantes votaron NO, mientras que 9,027 estudiantes votaron SÍ.

Los resultados han dado como ganador al SÍ (14,224 votos para el SÍ y 13,002 votos para el NO).  Este triunfo puede ser legal porque ellos impusieron las reglas, pero es ILEGITIMO, ya que:

1. La ponderación  que impuso el Rector es ilegal y motivó que muchos universitarios no acudieran a las urnas.

2. Desarrollaron el referendo en tres días distintos.  Tal como se había previsto, los resultados de Bocas del Toros y Darién fueron utilizados como propaganda para las elecciones que se llevaron a cabo cuatro días después.

4. Nos dieron solamente 4 semanas para recorrer las 18 Facultades, 8 Centros Regionales y más de 8 Extensiones en todo el país.

5. Mientras que nosotros teníamos que cumplir con nuestras clases, recorrer salón por salón para hablar con los estudiantes y viajar con nuestros propios recursos, al Rector se le convocaba a los estudiantes, profesores y administrativos en los auditorios para que lo escucharan.  Tanto el Rector como sus acompañantes viajaban con viáticos pagados por la Universidad y se suspendían clases y labores administrativas para que acudieran a estas reuniones. Incluso en algunas unidades académicas se señaló que el profesor que no podía acudir a escuchar al Rector tenía que mandar una excusa por escrito.

6. El Rector García de Paredes hizo caso omiso a la petición de retirarse del cargo durante el referendo.  Siguió utilizando todo el poder y los recursos económicos del cargo para favorecer el voto SI.

7. Se utilizó toda la estructura administrativa de la Universidad y el presupuesto universitario para favorecer el SI.

8. Se utilizaron métodos y procedimientos intimidatorios y amenazadores para imponer el SI.

9. En algunas mesas de votaciones se dieron muchas irregularidades que fueron denunciadas.

10. Se hizo una campaña sucia al punto que se nos han falsificado nuestras firmas en volantes.

La contienda fue dispareja y ustedes fueron testigos, pero a pesar de ello, el NO ganó ampliamente en el Campus: 8,802 votos a favor del NO, contra 6,798 votos a favor del SÍ.  El mensaje fue claro y contundente de Facultades como:

Los estudiantes de la Universidad de Panamá dijeron un rotundo NO a la Reelección Perpetua del Rector García de Paredes.  El NO ganó con los estudiantes en 17 de las 18 Facultades, al igual que en el CRU de Veraguas.

Estaremos vigilantes y denunciaremos cualquier intento de persecución o de pase de factura a los simpatizantes del NO.  Nuestras tareas para el año que nos falta serán:

• Romper con la dependencia del poder.
• Acabar con las apetencias insaciables de manejo de los recursos de la Universidad.
• Ayudar a los grupos de poder a que entiendan que no pueden continuar con las prebendas eternamente.
• Invitar también a los que votaron por el SÍ, a que se unan a nuestros esfuerzos por mejorar la Universidad de Panamá.
• Presentar nuestro programa de renovación académica.
• Devolver el prestigio de la Universidad y volver a ser conciencia crítica y propositiva, tal como lo soñó Harmodio Arias y Octavio Méndez Pereira.

Coordinadora Universitaria por el NO a la Reelección Perpetua

Organizaciones panameñas iniciaron protestas contra polémica ley

Fuente: Mario Palma, Colaborador  | 16/06/2010

Panamá (elpais.cr/EFE/PL <http://elpais.cr/EFE/PL> ) – Varios miles de panameños protestaron este martes al atardecer contra la modificación de nueve leyes, que afectan el derecho de los trabajadores a la huelga, el ambiente, permite a policías matar a civiles y sobre aviación, entre otras.

A pesar de que varios miles de personas participaron en la marcha, todas las organizaciones sindicales, comunales y ambientalistas sostienen que la gran manifestación o marcha se realizará el próximo jueves. A pesar de ello, tras la jornada de trabajo, cientos de panameños y panameñas se fueron sumando con alegría, portando pancartas, mantas y la mayoría con camisas blancas a la protesta. Conjuntamente con esas acciones, se ha distribuido propaganda en las calles, mientras que emisoras capitalinas dieron cuentas de otras protestas en diferentes ciudades panameñas, organizadas por grupos ecologistas y sindicatos. Entre las leyes modificadas el fin de semana figuran los códigos de Trabajo, Judicial y Penal, la General del Ambiente, Orgánica de la Policía y la relacionada con el Tribunal de Cuentas, entre otras.

Este martes, integrantes de 35 grupos ambientalistas y sindicales realizaron una caminata por vías de la capital en rechazo a esa iniciativa gubernamental para cerrar la jornada con un mitin. Asimismo, el 17 de junio tendrá lugar una manifestación hasta la presidencia de la República, donde solicitarán un encuentro con el mandatario Ricardo Martinelli para exponer los cuestionamientos a la propuesta oficialista.

Mientras, abogados anunciaron que se encargarán de elaborar un anteproyecto para un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, el cual sería presentado ante la Corte Suprema de Justicia en caso de que el ejecutivo avale el nuevo mecanismo. El encuentro de organizaciones sindicales, defensores del medio ambiente, estudiantes e indígenas llamó también al pueblo a desconocer la aberración jurídica aprobada por la Asamblea Nacional.

Unido a ello, se convocó a evitar compras de productos en empresas propiedad de miembros del gobierno, como los supermercados 99, del mandatario Ricardo Martinelli. Como parte del rechazo al proyecto, integrantes del sindicato de la construcción y de agrupaciones universitarias ya realizaron este lunes y martes cierres parciales en vías de la ciudad. En materia laboral se concentran varios de los cambios más polémicos, como los relacionados con los procesos de huelga, para evitar la paralización de empresas durante acciones de ese tipo. Asimismo, se excluye la detención preventiva de miembros de la fuerza pública por la presunta comisión de un delito ejecutado en cumplimiento del deber. En cuanto a aquellos proyectos declarados de interés social por el gabinete, los mismos quedarán exentos de estudios de impacto ambiental.

El Gobierno defiende la ley que limita el derecho a huelga y reduce el control al Ejecutivo

Entre tanto, el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, indicó en conferencia de prensa que la ley ha pasado los “tamices que constitucional y legalmente” están establecidos y aseguró que muchas de las críticas a la norma, que debe ser ahora sancionada por el presidente Martinelli, se basan en “falsas o medias verdades”.

La ley 177 ha sido bautizada por los críticos como “ley camarón”, término que en Panamá se emplea para aludir a un engaño, y fue presentada por el propio Mulino al Parlamento como una reforma a la normativa de aviación civil. Sin embargo, incluye reformas en tres códigos: el Penal, el de Trabajo y el de Justicia, y seis leyes, incluidas la ley orgánica de la Policía, la de contrataciones públicas o la del medio ambiente. “Abarca temas que creo yo que no afectan en lo absoluto ni riñen con ese clamor generalizado y nacional de mayor seguridad para el país”, dijo Mulino. Por el contrario, afirmó, esta norma será un “factor para mejorar al país en materia de desarrollo económico” y no creará una “zona de impunidad” para la Policía.

Entre los cambios que introduce la norma figuran la posibilidad de suspender los contratos de trabajadores que hagan huelga y la contratación de personas para sustituir a los huelguistas. También contempla la eliminación de la opción de suspender a un policía investigado por un delito cometido en ejercicio de sus funciones. “Lo que no podemos permitir como nación en una circunstancia tan compleja y delicada de inseguridad (…) es que sean las unidades (policiales) las que queden presas por años mientras se dilucida el proceso (…) como si fuera un criminal común y corriente”, dijo el ministro.

Agregó que lo que se busca es que si un policía “tiene que usar la fuerza letal” no quede preso, ya que lo que se estaría haciendo es “desmoralizando a la Policía Nacional”. “Esto no es un Gobierno de matones, este es un Gobierno que cree en el derecho y se apega a la constitución nacional”, subrayó, y aseguró que el Ejecutivo “escogió la ruta” de llevar estos temas públicamente a la Asamblea Nacional. La norma también contempla asuntos como la eliminación de la obligatoriedad del estudio de impacto ambiental para obras que el Estado considere de “interés social”. La norma ha sido criticada duramente por la oposición, los sindicatos y las agrupaciones ambientalistas, quienes han convocado para el jueves una marcha de protesta ante su eventual aprobación por parte de Martinelli.

Minería, ambiente y riqueza…¿Cual es su costo?

por Alessandro Ganci Cerrud

mailto:Concienciaciudadana09@hotmail.com>

Cerro Colorado se encuentra en la comarca indígena Ngöbe-Buglé, tiene una reserva de 17.360 millones de kilogramos de cobre, su explotación representa al precio actual 124 400 millones de dólares solo en cobre sin contar el oro y la piedra. Inmensa riqueza difícil de ignorar. La inversión aproximada es de 3500 millones y las “regalías estatales “constituyen un pirrico 2% del total (B/.2488 millones) cambiado por una adenda al 4%. Representa 3100 millones por año. Con lo que la inversión se amortizaría en solo dos años. La explotación durara 40 años mínimo.

Petaquilla, podrá producir un promedio de 9.696 millones de kilogramos de cobre y 60.030 kg de oro, aunque con la previsión de que la producción se incremente a lo largo de los 23 años de vida de la mina. En total 69.462 millones en cobre y 1500 millones en oro. A una explotación de 23 años representa 3085 millones por año.

Cerro Quema tiene reservas probables y probadas de 11.175 kilos de oro que representan al precio actual del oro de 25.000 dólares el kilo equivale a 279.4 millones.

Cerro Chorcha 2000 millones de kilos de cobre y un promedio de 6000 Kg. de oro o 14.326 millones en cobre y 150 millones en oro

En total solo cuatro yacimientos de las 191 solicitudes de exploración existente tienen el potencial de 209.255 millones (10.463 millones por 40 años) de los que el estado recibiría 4.185 millones. Sin estimar el valor de la plata y el molibdeno. En Cerro Colorado se generarán unos 500 empleos permanentes y de no cambiar la normativa las tierras se arrendaran irrisoriamente entre 50 centésimos hasta 3.50 dólares por hectárea. Las concesiones solicitadas en tierras comarcales constituyen la mitad del territorio indígena.

La actividad minera crea alteraciones en el medio natural, desde las más imperceptibles hasta las representan claros impactos sobre el medio en que se desarrollan. El impacto ambiental de una actividad es la diferencia existente en el medio natural entre el momento en que la actividad comienza, el momento en que la actividad se desarrolla, y, sobre todo, el momento en que cesa. Las acciones que producen impacto son las excavaciones, voladuras, emisión de gases y efluentes líquidos, creación de vías de transporte, etc. y los factores impactados la vegetación, fauna, paisaje y el ser humano.

En la explotación a cielo abierto, la atmósfera se afecta en diferentes formas, tanto sólidas (polvo, fundamentalmente durante las voladuras, pero también durante la carga y el transporte), gases (pirometalurgia, escapes de vehículos, gases liberados durante algunos procesos concretos), ruidos (voladuras, maquinaria, lanza térmica), y onda aérea. Los seres vivos pueden aspirar no solo polvo sino aerosoles cargados en compuestos tóxicos como acido sulfúrico para el cobre, cianuro para el oro y metales pesados propios de la explotación como el cadmio, mercurio, plomo etc. Las aguas de los ríos y afluentes reciben turbidez, cloración y acidez afectando la fauna y provocando la esterilidad del suelo afectando la agricultura y los bosques. Con la erosión resultante se induce el transporte de los contaminantes a otras áreas.

En Panamá no existe buena referencia hacia una minería responsable la prevención del impacto (que se desarrollará antes o durante las labores de explotación), la restauración del terreno, que consiste básicamente en devolverle en lo posible su aspecto original, y la remediación que pretenderá solucionar los problemas de mayor calado, no solucionables mediante la simple restauración. La mina de Santa Rosa hoy parece un paisaje lunar y Petaquilla fue denunciada por empezar los trabajos sin concluir el estudio de impacto ambiental. Según el Centro de Incidencia Ambiental empresas como Corriente Resources interesada en Cerro Colorado, promueve la explotación minera regalando cuadernos y camisetas a los indígenas con el logo Minería Responsable. Organiza también reuniones en las aldeas y lleva material didáctico con calcomanías que dicen “Los mineros somos más”, con los mismos colores que se usaron en la campaña política pasada que decía “Los locos somos más”.

Sobre las tierras comarcales la Ley N º 41 de 1 de julio de 1998 (General de Ambiente) indica que para el aprovechamiento de los recursos naturales existentes en esas áreas, debe darse una coordinación entre las autoridades gubernamentales y las indígenas así como que las comunidades afectadas por un determinado proyecto, tendrán derecho a una justa participación en los beneficios económicos que genera esa actividad. La misma ley refiere que para las consulta debe participar la sociedad civil. Sin embargo las máximas autoridades, de el Congreso General Ngöbe Buglé, indican que no solo no han sido participes sino que no les fue posible conversar con el ejecutivo. Celio Guerra, fiscal del Congreso General Ngöbe-Buglé, declaró que ese organismo se opone desde 2006 a la explotación minera.

La pregunta es: Podrá nuestro país encontrar el equilibrio entre la explotación de esta fabulosa riqueza, la conservación del ambiente y su distribución sensata y equitativa respetando y haciendo participe a una comunidad con siglos de desconfianza justamente acumulada. Podremos negociar en condiciones de igualdad con las transnacionales mineras para que hablemos de dividendos y no de regalías, sin olvidar que luego de 40 años de bonanza nos quedara una tierra mucho mas árida en medio del cambio climático que tardara al menos 200 años en recuperarse.

Comunicado sobre la 9 en uno

Los  grandes retrocesos en materia de derechos humanos que contiene la ley  9 en 1  y la forma  poco democrática e irrespetuosa como es discutida,  son una muestra del deterioro de nuestro sistema democrático, lo que afectará el ambiente del diálogo y convivencia que necesita el país.
El progreso económico y los planes ambiciosos del gobierno en materia de mega inversiones no pueden darse desconociendo los derechos de los trabajadores ni poniendo en peligro nuestros recursos naturales.
El gobierno debe hacer un alto a la actitud de confrontación con sectores importantes, como lo son el movimiento obrero, el movimiento ambientalista nacional y los ciudadanos organizados.  No se debe seguir irrespetando  a la sociedad civil  y creer que el país y las instituciones se pueden cambiar según la decisión unilateral del Consejo de Gabinete.
Si se sigue por este camino de imposiciones se estará generando condiciones peligrosas que pueden dar paso a una situación de ingobernabilidad, que no le conviene a nadie.
Los cambios que el país necesita a nivel institucional, económico y social deben hacerse pero con orden y con la participación de todos los sectores y deben hacerse en el marco de un diálogo sin cortapisas ni precondiciones.  En este sentido el cambio más importante que el país requiere es el de la separación de los poderes del Estado y la no intromisión del Ejecutivo en los asuntos del legislativo ni del judicial. Ese es el cambio más importante que estamos esperando de este gobierno.
Las organizaciones que suscribimos este comunicado hacemos un llamado a los ciudadanos y ciudadanas a mantenernos en estado de alerta, a no ser indiferentes ante lo que está sucediendo en nuestro país y unirnos para  defender la democracia y la convivencia pacífica.
Panamá, 11 de junio del 2010.
Alianza Ciudadana Pro Justicia

Centro de Estudios y Acción Social Panameño

Asociación Panameña de Derecho Constitucional

Centro de Asistencia Legal Popular.

Central General Autonoma de Trabajadores de Panamá

Colegio Nacional de Abogados

Unión Nacional de Abogadas.

Centro de Investigación de los Derechos Humanos y Socorro Jurídico de Panamá

Fundación Para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.

Licda. Magaly Janneth Castillo
Directora Ejecutiva
Alianza Ciudadana Pro Justicia
Teléfonos: (507)302-7860 o (507)302-7861
www.alianzaprojusticia.org.pa

Intervención de Daniel Cohn-Bendit

En el Parlamento Europeo

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