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ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE DERECHO CONSTITUCIONAL APADEC
La Asociación Panameña de Derecho Constitucional (APADEC), organización profesional sin fines de lucro, integrante de la Asamblea Ciudadana de la sociedad civil, dedicada el estudio de los fenómenos y cambios constitucionales en el país, ve con gran preocupación los hechos políticos que constantemente están surgiendo en el manejo de la cosa pública que de manera inconsulta, de hecho y al margen de la participación ciudadana, están violando nuestro ordenamiento jurídico máximo, la Constitución; la cual se ve vulnerada con hechos tales como:
1. Injerencia del Ejecutivo en todos los poderes del Estado, violando el artículo 2 de nuestra Carta Magna.
2. La violación del artículo 3 al traspasar, enajenar y dar en concesiones, inclusive a otros Estados, parte de nuestro territorio so pretexto de inversión económica para el país.
3. Violaciones a las normas internacionales y tratados suscritos por el Estado Panameño en materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, dando al traste con lo ordenado por el artículo 4 de la Constitución.
4. La inclusión de nuevos símbolos patrios contraviniendo lo dispuesto en el artículo 6.
5. Desde el inicio de la campaña electoral del actual gobierno, se violentó el capítulo constitucional relativo a la ciudadanía (art. 13), jugándose con la norma según más sea conveniente, reflejada en el caso del ex alcalde Bosco Vallarino.
6. El Capítulo I del Título III relativo a las Garantías Fundamentales, es violado -básicamente- todo su articulado por cuanto
*No ha cumplido el gobierno con las obligaciones de brindar seguridad, la corrupción de funcionarios de todo nivel, con primacía de los más altos funcionarios que salen inmunes ante la comisión de actos de corrupción (Migración, ANAM, MIDA, ANATI, etc.).
* La existencia de fueros y privilegios que van del amiguismo al nepotismo como un hecho natural en la práctica del actual gobierno.
* Un Sistema Penal Acusatorio mutante y deficiente, sin recursos de implementación, menos de preparación.
* La detención ilegal de ciudadanos por agentes policiales haciendo uso de herramientas no reglamentadas como el pelepolice; impidiendo así el libre tránsito y circulación que como derecho ampara a todo ciudadano.
* Las violaciones de comunicaciones y correspondencias para uso del chantaje a figuras políticas y de prominencia económica y así someterles a los intereses del gobierno cuando éstos no corresponden a los particulares de quienes conforman la cúpula gobernante de turno.
* Las censuras a la libertad de expresión, libertad de reunión, derecho de huelga, derecho de petición y queja, acceso a información de carácter público.
* La inversión de la obligación de ceder el interés privado al público, lo cual vemos reflejado en las canonjías y demás que poseen las telefonías, las compañías de electricidad, la proliferación de islas privadas de estacionamientos en lugares públicos, etc.
7. El derecho al trabajo se mancilla desde la inequidad entre el ciudadano común al servicio del Estado y el que está en la empresa privada, la diferencia entre trabajador nacional y extranjero, las pretensiones de limitación al derecho de sindicalización, el uso arbitrario de las facultades discrecionales y el libre nombramiento y remoción utilizado por altos funcionarios, la desafortunada e ineficiente forma en que el gobierno ha regulado la relación entre el capital y el trabajo, favoreciendo los intereses económicos de los primeros.
8. La ausencia total de una cultura nacional que proteja nuestra historia y patrimonio cultural.
9. La deficiente y vergonzosa educación que a nuestra juventud se imparte, producto de la decadente formación universitaria que se brinda a quienes tendrán la responsabilidad de educar, unida a la desmotivación y falta de valores cívicos y morales que en su defecto se ven reemplazados por los actos de corrupción y la falta de castigo, dando nefasto ejemplo a nuestra juventud, subsumida en la vorágine del juega vivo y el “delito si paga”.
10. El descalabro de la seguridad social, en donde se juega con la salud por la cual debe el gobierno velar, deteriorándola cada vez más con una alimentación deficiente, una canasta básica inalcanzable, diseñada para comer, más no alimentarse y nutrirse. Ciudadanos enfermos y condenados de por vida a enfermedades terminales a causa de la irresponsabilidad en el manejo de la salud, el desabastecimiento que va desde medicamentos, equipos y personal, jugando con la vida de quienes pagan de manera obligatoria para poder acceder a un sistema de salud, que se ha transformado a sistema de muerte.
11. La desprotección del Régimen Ecológico, abandonado por una institución obligada a protegerlo, que va de escándalo en escándalo, incubadora de proyectos millonarios y patrocinios internacionales que no llegan a donde deben llegar y sobre los cuales no se rinde cuentas al ciudadano. Institución para cumbres y constantes viajes de funcionarios en donde no se conoce la aportación y beneficios para el país. Institución para aprobación de proyectos y estudios de impacto ambiental sin que éstos cumplan con los requisitos realmente exigidos, y sin el debido consenso de la población general y particularmente afectada por los macroproyectos como muestra Minera Panamá. Amén de los funcionarios que trafican beneficios con sus cargos.
12. El agro destruido cuando es nuestra fuente de alimento, en donde se ha elegido por carreteras en lugar de siembras.
13. Defensoría del Pueblo ausente por no considerarla inexistente y al margen de los problemas del pueblo.
14. Un Tribunal Electoral no definido, la compra de diputados para incrementar las filas del partido gobernante y mermar la oposición, formación de leyes opuestas a derechos, a formalidades jurídicas, propuestas por “aprendices” puesto que violan derechos fundamentales y reviven fallos con carácter de cosa juzgada.
15. Una hacienda pública que pretende sobrevivir a base de impuestos a una clase media en rumbo a la desaparición. Políticas fiscales e inversiones de doble filo cuya impagable endeudamiento pasará a muchas generaciones de ciudadanos. Un crecimiento económico medido en estructuras de concreto sin que el mismo arrope a la población no empresaria, ni inversionista del país.
16. Una contraloría de la Nación sin control, en donde las contrataciones públicas van aumentando las “llave en mano”, sin supervisión ni fiscalización de las obras contratadas (puente Centenario, carreteras, corredores, etc.).
A este breviario expresado como preocupación de nuestra Asociación Panameña de Derecho Constitucional (APADEC), se suma el fraude legislativo que se perpetra con la aprobación, a tambor batiente, de la ajurídica, anticonstitucional y antidemocrática Sala quinta en la Corte Suprema de Justicia.
Son muchas más las anomalías que se están dando en nuestro país. No existe un título y capítulo de nuestra Constitución que de hecho no se esté violando, y cuyas consecuencias resultarán funestas para la democracia y la convivencia social.
Observamos a nuestros ciudadanos con un descontento que desembocará en una explosión social jamás vista y, menos aún, propiciada por el peor de los gobiernos post-invasión.
Hacemos un llamado cívico a la cúpula gobernante para que acate, de una vez por todas, el ordenamiento en los términos en que el mandato le fue otorgado, y no en la manera inversa en que ha querido entenderlo.
Con respeto, les recordamos a quienes integran el gobierno de turno, que el cargo público obliga a servir al Estado, no a servirse del Estado.
Miguel Antonio Bernal V. Presidente APADEC
Dado en la ciudad de Panamá, a los 26 días del mes de enero de 2012.
ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE DERECHO CONSTITUCIONAL (APADEC)