El futuro de la CIDH
Editorial | Jun 04 – 10:31 pm
El futuro de la CIDH
Desde ayer se reúnen en Bolivia los mandatarios de América con el fin de dar curso a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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Es un nuevo encuentro de jefes de Estado, después de la Cumbre de las Américas desarrollada en Cartagena. Preocupa un poco el panorama y el futuro próximo, ya que la OEA no sólo tiene que luchar por mantenerse viva debido a su falta de recursos, sino también, y sobre todo, resistir los ataques a los que se ha visto expuesta en los últimos tiempos.
Más allá de la noticia de que elegirán a tres nuevos miembros para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que entre sus candidatos se encuentra el colombiano Humberto Sierra Porto, hay que voltear la mirada a un tema global mucho más importante: las serias reformas que le quieren hacer al sistema interamericano de derechos, base y estructura de la OEA misma, pero también marco jurídico de protección de los habitantes del continente: cuántas decisiones no se han tomado, paradas todas ellas del lado de poblaciones vulnerables, como los indígenas, los reclusos, los afrodescendientes o a veces los medios de comunicación.
Algunos países —como Colombia, Brasil, México, Ecuador o Venezuela— han venido proponiendo una serie de reformas al sistema interamericano que, con el pretexto eufemístico del “fortalecimiento”, le ponen una mordaza a la CIDH: se trata de una serie de obstáculos para que no actúe como lo viene haciendo hasta ahora. Y es verdad que se han generado fallos adversos a los Estados: por lo general se pide algún tipo de reparación, no sólo material sino también simbólica. Los estados, en general, tiemblan al saber que un ciudadano de los suyos ha demandado ante este importante estamento internacional. La CIDH protege la mayoría de las veces los derechos individuales o colectivos y condena a los estados. Esto, por supuesto, no gusta.
Pero una cosa es estar en desacuerdo con las decisiones y otra muy distinta es querer cambiar el sustento jurídico con el que éstas se toman. No puede ser que los gobiernos del hemisferio —que se presumen democráticos— estén encaprichados en modificar las reglas de juego con las que se hace justicia. Es un exabrupto.
No se trata de reformas menores, ni mucho menos. Algunas de ellas atacan la médula del sistema mismo: limitar el alcance de las medidas cautelares (de protección a las personas que se encuentran en algún tipo de situación vulnerable, como defensores de derechos humanos, sindicalistas o indígenas); restringir la gestión de la importante Relatoría para la Libertad de Expresión, que hasta el día de hoy ha realizado una labor titánica, igualando su presupuesto al de las demás relatorías (asunto que la liquidaría) y reduciendo la extensión de sus informes, y eliminar la individualización de los países en el informe anual de la CIDH, quitando de paso la posibilidad de tratar el tema de aquellos que generan mayor preocupación.
Este panorama es terrible. Colombia, como Estado que se dice democrático, debe oponerse a estos baches que se alzan casi imbatibles ante el sistema interamericano de derechos. No es posible que, como dijimos ayer en este diario, ni las más retrógradas dictaduras de antaño hayan logrado mover el sistema, pero unos cuantos países democráticos sí lo hagan tambalear. En los momentos en que se escriben estas líneas, esos estados le siguen dando palo a la OEA.
El hecho de que una decisión de la CIDH sea desfavorable a una Nación debe verse, claro, como un hecho negativo. Pero comprende una oportunidad implícita: darse cuenta de en dónde está fallando la aplicación de los derechos humanos al interior de ese país. Una decisión desfavorable no puede verse únicamente como una imagen desfavorable. Y no puede existir el riesgo de que por guardar las apariencias se modifique un sistema que ha sido benéfico para los pueblos americanos.
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